Uno de los países latinoamericanos que tuvieron una serie de conflictos en las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 y que se siguen arrastrando y seguramente continuarán a corto, mediano y largo plazo su incremento es Honduras. De hecho el país centroamericano ha vivido una situación que ha llamado la atención en el concierto de los procesos políticos electorales latinoamericanos.
Lo que a su vez muestra que la política intervencionista del gobierno de
los Estados Unidos de América, militarmente no ha salido de la región
centroamericana y caribeña. Por el contrario, se han implantado de manera
permanente para actuar cuando la Casa Blanca, hoy ocupada por el impredecible y
delirante presidente Donald Trump, lo decida de acuerdo a sus intereses
estratégicos. A la par de ello, también el espacio aéreo y marítimo de Honduras
es una ruta recurrente y de escala del narcotráfico procedente de Colombia, así
como de abrigo para el trasiego de drogas a países como México y EU. Escenario
que no es nuevo, es una expresión de hace ya bastantes años. Conviene recordar
los tiempos del conflicto centroamericano en las décadas de los ochenta y
noventa del siglo XX, el territorio hondureño se convirtió en lo que llamó el
maestro Gregorio Selser, una especie de portavión estadounidense en el istmo
centroamericano.
En Honduras, la mayoría de la población vive en situación de pobreza. De
tal manera que de acuerdo con algunos estudios económicos un 45 por cierto se
ubica bajo el umbral de la miseria. Situación que significa que extensos
núcleos familiares subsisten con un dólar al día. Lo que representa que una
diversidad de grupos carecen de una alimentación regular en los llamados tres
tiempos reglamentarios.
Esta situación hace contraste con el hecho de que únicamente un cinco por
ciento de su población se ubique en los sectores más privilegiados. Estructura
social que muestra que la mayor parte de los recursos económicos y sociales se
concentren en unas pocas manos. Asimismo estos grupos sociales con mejores
privilegios, cuentan comparativamente frente al sector de menos ingresos, con
una gran capacidad económica y son materialmente los propietarios del
territorio nacional, detentando el poder político, a través de su “clase
política gobernante”.
En el momento actual del llamado fraude electoral en Honduras, el ex
candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador
Nasralla, denunció que uno de los motivos centrales de no querer dejar la
presidencia Juan Orlando Hernández (JOH), es por su involucramiento con
el narcotráfico. Así, para no enfrentar la posibilidad de ser enjuiciado por
sus vínculos con el crimen organizado, señala Nasralla, el presidente Hernández
se aferra al poder junto con la cúpula de los principales actores del gobierno
hondureño y del Partido Nacional.
En las elecciones hondureñas, a diferencias de otras de la región
latinoamericana, como las de Chile(17 de diciembre de 2017) o Costa Rica (4 de
febrero de 2018), no existe una segunda vuelta. Esto es, gana el candidato que
sume la mayoría de votos independientemente de los que acudan a votar. Así, la
disputa electoral se resolvería tendencialmente si todo hubiera sido normal el
mismo domingo 26 de noviembre. Recordemos que en esas elecciones también se
eligieron a la par de la disputa presidencial la representación de 128
diputados (pero hubo 92 candidatos que también apostaron por la
reelección).
Honduras:
un país en crisis y un presidente en apuros
En 2017, Juan Orlando Hernández
logró una controvertida reelección en Honduras. Su estilo autoritario, mezclado
con corrupción y una política de austeridad, ha sumido al país en una crisis.
La crisis comenzó con dos
decretos sobre la política de educación y de salud en abril. Desde entonces,
una avalancha de protestas está arrinconando cada vez más al presidente Juan
Orlando Hernández. Según los analistas, las perspectivas de que se estabilice
la situación en el país centroamericano son sombrías. "No hay luz al final
del túnel", escribe Juan Ramón Martínez en el periódico hondureño La
Tribuna. "Incluso si se logra pacificar a los maestros y médicos en
huelga, surgen nuevos grupos con nuevas demandas". El
escritor democristiano está preocupado por la insatisfacción dentro de la
Policía y las críticas del conservador Partido Nacional de Hernández. Gerardo
Martínez, vicepresidente de la Asociación Libertad y Democracia, ve otro
problema en el estilo de gobierno autoritario de Hernández. Impone sus planes
sin diplomacia y no siempre en armonía con la legalidad y la democracia.
La Conferencia Episcopal se
sumó recientemente a esta crítica: "Si cada problema deriva en conflictos
como el que ahora estamos viviendo, acerca de los sistemas de salud y de
educación, y si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las
consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de
superar", advirtieron los obispos en un comunicado inusualmente
contundente.
Martínez ve el único apoyo
para Hernández en el hecho de que tanto los militares como el gobierno de
Estados Unidos apoyan al jefe de Estado.
El viernes (21.06.2019),
Hernández recibió demostrativamente a soldados de la marina estadounidenses en
la base aérea de Palmerola, en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que
deben ayudar a combatir a las pandillas de narcotraficantes. En esa ocasión,
Hernández anunció la movilización de las fuerzas de seguridad en todo el país
para detener el vandalismo y derribar los bloqueos en las carreteras.
Duros recortes sociales
Las protestas se
desencadenaron por los decretos PCM 26 y 27 para los ministros de Educación y
de Salud. A los dos se les dio mano libre para la reestructuración de sus
sectores, que los funcionarios públicos consideraron como una carta blanca para
recortes brutales, despidos por motivos políticos y privatizaciones. A sus
protestas se unieron campesinos, taxistas y camioneros, cada uno con sus
propias reivindicaciones, y hace unos días algunos sectores de la policía,
incluidas las tropas de élite, que exigían uniformes, dinero de la gasolina y
vacaciones, todo lo que les correspondía de todos modos. La consecuencia fueron
protestas en las calles, barricadas, policía enmascarada, incendios ante la
embajada de EE.UU.
Sin embargo, el trasfondo de
la crisis se remonta a mucho más tiempo atrás. El opositor de Hernández es
el político de izquierda Manuel Zelaya, quien fue destituido como presidente en
2009 por empresarios, militares y políticos del Partido Nacional y que desde
entonces ha buscado la revancha. Desde entonces, el Partido Nacional gobernó el
país, primero con Porfirio Lobo y luego con Hernández, quien está en el poder
desde 2014. Los círculos conservadores ven en Zelaya un comunista y hacen todo
lo que pueden para evitar su retorno al poder. "Esta es la dicotomía en la
que se encuentra el país", dice Martínez. Hernández fue reelegido en 2017.
Según los observadores, las elecciones, las votaciones y el escrutinio fueron dudosos.
Empezando por la prohibición de reelección plasmada en la Constitución, que
Hernández había violado comprando votos en el Congreso y controlando a la
Justicia.
EE.UU. apoya a Hernández
"Mientras EE.UU. y los
militares lo apoyen, el cambio no está a la vista", cree el periodista
Noé Leyva. Para EE.UU. es un aliado fiel. Hernández, cuyo hermano se
encuentra acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, dio carta blanca al
ejército y a las autoridades antidrogas estadounidenses. Tampoco se opone a la
dura acción de Estados Unidos contra los migrantes, muchos de ellos de
Honduras. Desde la perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, Hernández no
sólo es un político confiable, sino también un político exitoso que sigue un
curso neoliberal y favorable a los negocios. Bajo su liderazgo, la economía
creció un promedio del 3,5 por ciento anual, reduciendo el déficit
presupuestario del 7,9 al 1,2 por ciento del Producto Interno Bruto. Gracias a
las altas inversiones en seguridad, la tasa de homicidios se redujo de 87 por
cada 100.000 habitantes en 2011, a 44.
Para la población, sin
embargo, poco ha cambiado. Más de la mitad de los hondureños no tienen
empleo; cerca del 60 por ciento son pobres. Los vendedores ambulantes
critican los altos precios de electricidad y transporte y el dinero de
protección, que tienen que pagar a las pandillas juveniles. La corrupción y la
impunidad socavan las instituciones. El Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (CELAG) habla de una "economía que crece y empobrece".
La Conferencia Episcopal ve al
país en una encrucijada: "Una Constitución violada cuantas veces convenga,
unos poderes que no son para nada independientes, un Congreso que se ha
convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo.
¡Basta ya!", resume el comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras.
Convocatoria
a elecciones primarias en Honduras vaticina nueva crisis política.
La
convocatoria a elecciones primarias por parte del Consejo Nacional Electoral
(CNE), este domingo en Honduras, ha vuelto a poner en escenario una nueva
crisis política por la no aprobación de una nueva Ley Electoral que establezca
las reglas del juego de los comicios de 2021.
El ente electoral, constituido por las tres principales fuerzas políticas (Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y Partido Nacional), convocó la noche de este domingo a elecciones primarias a desarrollarse el domingo 14 de marzo de 2021 para que los partidos elijan a los candidatos de elección popular en cuatro niveles electivos: presidencial, alcaldías municipales, diputaciones al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano.
Los candidatos
o candidatas que resulten electos en las elecciones primarias representarán a
sus partidos políticos en las elecciones generales del domingo 27 de noviembre
de 2021.
En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, la convocatoria ha
generado rechazo en varios sectores de la oposición política en virtud que el
Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas, pese a que la normativa era la garantía para una convocatoria
transparente que evite fraudes electorales como los registrados en el pasado.
A raíz del
fraude electoral de 2017 mediante el cual el actual jefe de gobierno, Juan
Hernández, violentó los artículos pétreos de la Constitución que impiden la
reelección presidencial, Honduras vivió una crisis política que superó la del
golpe de Estado de 2009. Ante esta situación la comunidad internacional, urgió
la aprobación de una nueva Ley Electoral. Asimismo, un nuevo Censo Nacional
Electoral y la emisión de una nueva tarjeta de identidad para evitar que
personas fallecidas y migrantes estén habilitados para ejercer el sufragio como
ha ocurrido en el pasado.
Ante la incertidumbre por la no aprobación de la nueva Ley Electoral, el
líder del recién creado Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, pidió
que la convocatoria se atrasara por dos semanas hasta lograr que el Congreso
Nacional, controlado por el oficialista Partido Nacional, aprobara la normativa
con base a acuerdos políticos.
La misma petición de Nasralla, fue planteada por el Partido Innovación y
Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), aunque sin plantear términos de tiempo, pues
su planteamiento era que la convocatoria
se hiciera hasta que se aprobara la nueva ley.
Por su parte el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, convocó a
elecciones primarias a los movimientos internos de esa institución política
acatando la convocatoria del CNE, sin embargo, el diputado Mario Segura
presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, advirtió la semana pasada que esa institución
partidaria se retiraría de la discusión de la ley en el Congreso Nacional si no
se aprueba la segunda
vuelta electoral.
Para la concejal del CNE, Rixi Moncada, quien presidió ese órgano hasta
el 10 de septiembre, la convocatoria de esta noche es inconstitucional e ilegal
y debe anularse porque se basa en el censo del fraude de 2017, que está lleno
de fallecidos y migrantes y que se ha reportado miles de inconsistencias
Moncada no acompañó la convocatoria a elecciones, “porque convocar con
el censo 2017 equivale al primer acto del fraude electoral que se prepara el
año 2021 y por lo tanto no acompañaré ninguna convocatoria ilegal e
inconstitucional este día”, dijo la funcionaria electoral en horas de la mañana
a la radioemisora HRN.
Publicación en La Gaceta
La convocatoria a elecciones ya es ley pues fue publicada en el diario
oficial La Gaceta el sábado 12 de septiembre, con base a una resolución
aprobada en sesión extraordinaria el 2 de septiembre por unanimidad por los
tres concejales del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, en su condición
de presidenta y los concejales, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre.
Moncada, quien entregó la presidencia del CNE a Ana Paola Hall, firmó la
resolución de la convocatoria mientras en el Congreso
Nacional se suponía se iba a aprobar una nueva Ley Electoral. Según
los acuerdos, la aprobación se esperaba para el 10 de septiembre y su
publicación en La Gaceta el 11 de septiembre para hacer la convocatoria el 13
de septiembre, confesó Moncada.
Sin embargo—dijo Moncada—“el Partido Nacional se retiró de los concesos
y hubo una trampa y un engaño. Pese a que firmó el dictamen de la nueva ley,
después anunció que la aprobación se haría artículo por artículo”, cuando
inicialmente se había acordado de que se haría en una sola discusión.
Para la funcionaria electoral, el centro de la convocatoria era el
artículo 324 que establece la entrega del censo provisional por parte del
proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas al CNE el 30 de
noviembre y la entrega el 5 de diciembre por parte del CNE a los partidos
políticos.
Nulidad
El 3 de septiembre pasado el abogado, René Adán Tomé, presentó un
escrito ante la Corte Suprema de Justicia, para exigirle a ese poder del Estado
que resuelva el amparo presentado contra la declaratoria de elecciones de 2018.
Tomé señaló que, si no se resuelve el amparo, la convocatoria a elecciones de
este domingo será nula.
Lo anterior refleja que alrededor del proceso electoral de 2021 hay una
barrera legal que aún no se ha superado.
Investigación
Salvador Nasralla y el diputado, Luis Redondo, han pedido se investigue
a los concejales del CNE por haber publicado la resolución de la convocatoria
de las elecciones el sábado 12 de septiembre, un día antes de lo que establece
la ley para la convocatoria.
Al respecto el abogado, Rodil Rivera Rodil, dijo a CRITERIO.HN dijo
que no existe nulidad alguna porque lo que han hecho los funcionarios del CNE
es publicar en el diario oficial La Gaceta una resolución que establece una
fecha para la convocatoria a elecciones que ya está establecido en ese mismo
documento.
Nueva crisis política
Más allá de la legalidad de la convocatoria, Rivera Rodil, presagió que
en Honduras se avecina una nueva crisis política que se podría complicar aún
más por las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria por la
pandemia del Covid-19.
A juicio del profesional de derecho, la génesis de la crisis estriba en
la falta de aprobación de las reformas electorales y porque las que se están
discutiendo no contienen la reforma fundamental que representa la segunda
vuelta electoral, algo que a su juicio es fundamental desde que en el 2013 se
rompió el bipartidismo, conformado por los partidos Liberal y Nacional, con el
surgimiento del Partido Libertad y Refundación.
La crisis política podría desembocar en protestas populares iguales o
superiores a las de 2017. Nadie sabe y no hay mayor riesgo que el provocar a un
pueblo, sobre todo como está de crispado no solo por la situación política sino
también por la pandemia, apuntó.
Rodil Rivera Rodil no descarta que exista una crisis provocada por el gobierno e incluso que Juan Hernández podría utilizar las protestas como excusa o pretexto para suspender las elecciones. “Ya sabemos que el gobierno se quiere quedar, que el gobierno de Juan Orlando Hernández no quiere dejar el poder. Tiene su seguridad personal, su libertad en riesgo, sabemos que está dispuesto, como ya lo ha demostrado, a hacer cualquier cosa para quedarse”.
